Durante la audiencia se subrayó una verdad fundamental: las visitas a familiares encarcelados no son un privilegio, sino un derecho. Sin embargo, en toda la región, estas visitas suelen ser traumáticas, marcadas por revisiones invasivas, trato hostil y entornos inseguros. Los testimonios revelaron un patrón de negligencia institucional y violencia sistemática que atenta contra la dignidad y el bienestar de la niñez. 

Las voceras juveniles Rayshell, Cruz y Karen (miembros del Consejo de Vocerías NNAPES) compartieron experiencias y reflexiones:

“Adentro (en la cárcel) es un mundo que no nos gusta, es feo, oscuro, hay violencia, peleas, malas palabras y mucho ruido. Niñas y niños que, en el contexto de visita común, han presenciado encuentros conyugales de sus familiares y expuestos a vulneración de derechos dentro de una institución del estado a vista de todos es inaceptable, pero sucede”, dijo Cruz, de 16 años. Añadió que “aunque somos niños, nos tratan como sospechosos,” dijo Cruz, de 16 años. 

“En distintos lugares del continente, estas visitas se desarrollan en condiciones que vulneran nuestra dignidad y bienestar integral: desde los largos viajes para llegar a los centros penales en horas de la madrugada para hacer la fila, largas esperas en espacios inadecuados, las revisiones físicas invasivas y humillantes, el trato discriminatorio y ambientes hostiles y violentos que nos dañan física, psicológica y emocionalmente”, comentó Rayshell, de 17 años.

El 24 de julio, la CIDH emitió la Resolución 2/25 en la que reconoce los derechos de familiares y personas con vínculos afectivos de las privadas de libertad. Lo anterior representa un avance significativo en la garantía de los derechos de la niñez afectada por el encarcelamiento de sus seres queridos, y marca un precedente para transformar las políticas penitenciarias con enfoque en dignidad y participación infantil.

Este logro no fue casual; es el resultado de más de diez años de trabajo articulado por parte de la Plataforma NNAPES y organizaciones aliadas, que han visibilizado una realidad profundamente ignorada. «Este no es un problema aislado. Se trata de una situación estructural y regional. Nuestro enfoque parte de un principio fundamental: los sistemas penitenciarios no sólo son custodios de personas privadas de libertad, sino también responsables y garantes de los derechos de la niñez que mantiene un vínculo familiar con ellas», afirmó Gonzalo Salles, vocero de la Plataforma NNAPEs.  

Precisamente, la resolución insta a los Estados a generar espacios de participación, recopilar información sobre los contextos familiares y diseñar políticas que reconozcan sus diversas realidades, necesidades y las múltiples formas de discriminación que enfrentan.

Entre los avances más significativos derivados de este proceso de incidencia, se destacan:

• El reconocimiento de la visita como un derecho fundamental, no un beneficio sujeto a restricciones arbitrarias.
• La creación de espacios de visita amigables para la niñez, seguros, dignos y separados de la población penal general.
• La implementación de protocolos de seguridad no invasivos y la capacitación del personal penitenciario en derechos de la niñez y enfoque de género.
• La asignación de subsidios estatales de transporte, que permiten superar las barreras económicas para el contacto familiar.
• La incorporación de reformas legales y políticas que priorizan el interés superior del niño en todos los aspectos relacionados con las visitas penitenciarias.