¿Qué significa tener derecho a cuidar y cuidarse? ¿Qué hacen los estados o están dejando de hacer para proteger este derecho fundamental de las personas? Estos fueron algunos de los principales puntos que abordaron las compañeras de la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de la Libertad – Rimuf junto a organizaciones aliadas como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, en la audiencia pública sobre la solicitud de opinión consultiva presentada por Argentina para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos precise los alcances del cuidado como derecho humano.

La presentación comenzó con las palabras de Macarena Fernández Hoffman, del CELS quien hizo hincapié en el hecho de que “Las mujeres privadas de la libertad ven afectado su derecho a cuidar porque los sistemas están diseñados para retirar a las personas de sus entornos sin consideración de su responsabilidad de cuidado. Ellas mantienen la misma sobrecarga de cuidado que tenían en libertad, que se complejiza al tener que ser resuelta a la distancia y con pocos accesos de comunicación con el exterior”.

Luego de eso, Maureen Esquivel, representante de Familia Penitenciaria Unida de Costa Rica afirmó que: “El encarcelamiento de una persona aumenta nuestras responsabilidades de cuidado y nos obliga a organizar nuestras vidas y proyectos para poder sostener esos cuidados, violando nuestro derecho al descanso. Es así que las mujeres familiares cargamos no con una doble, si no con una triple jornada laboral”.

Por su parte, Giselle Amador, de la misma organización, concluyó: “Creemos que estos principios son esenciales para el reconocimiento de los derechos de las mujeres familiares de personas privadas de libertad que, repito, han tenido una carga ilegítima de los apoyos de las personas privadas de la libertad”.